CON ACUSE DE RECIBO para el Ayuntamiento de Barcelona

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El pasado 25 de febrero, la Plataforma Pro Viviendas Turísticas -PPVT- hizo llegar a diversas personalidades políticas y técnicas del Ayuntamiento de Barcelona, relacionadas con el PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico), la carta que compartimos a continuación.

La voluntad de la misma era ponerles al corriente de todo el marco legal de ámbito autonómico y europeo que estaban obviando en el proceso del PEUAT, en referencia a las Viviendas Turísticas.

A pesar de que públicamente no han reconocido la recepción de la carta, nosotros sí contamos con los acuses de recibo de todas ellas.

Mantenemos la reflexión de que la Ley ha de ser igual para todos y desde la Administración también han de cumplir la Ley. No podemos seguir siendo víctimas de arbitrariedades políticas, ocultando intereses económicos o ideológicos detrás de tópicos desfasados de la realidad que no nos conducen a soluciones.

Somos vecinos de esta ciudad y somos parte de la solución del Turismo Sostenible.

A continuación os dejamos la carta…

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Habida cuenta del cauce que están tomando los trabajos previos a la aprobación inicial del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), y tomando en consideración las limitaciones precedentes establecidas en los anteriores planes de usos aprobados en el Distrito de Ciutat Vella -años 2005, 2010 y 2013- por las que se ha prohibido de facto la implantación legal de nuevas viviendas de uso turístico, sirva la presente misiva para recordarle, dada su condición de autoridad y/o funcionario público interviniente en el trámite de aprobación del precitado PEUAT, los límites del planeamiento urbanístico municipal y el deber de sujeción de la Administración a la Ley y al Derecho (arts. 9.3 y 103.1 CE).

A este respecto, debe tenerse en consideración que la protección económica dispensada por la Directiva 2006/123/CE y sus leyes de transposición a las actividades de servicios no impide ni excluye el contenido del art. 3.3 del Decreto Legislativo 1/2005 de 26 de julio, que impone a la Administración el deber de velar por un desarrollo urbanístico sostenible como objetivo esencial de la ordenación territorial, de tal suerte que la utilización del territorio y del medio ambiente respondan a criterios racionales.

Sin embargo, la reciente clasificación de la actividad de vivienda de uso turístico como actividad inocua -determinación operada por la reciente Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los Gobiernos locales de Catalunya y de impulso de la actividad económica, implica que no podrá utilizarse instrumento urbanístico alguno para regular o afectar la mencionada actividad, como quiera que ésta no tiene trascendencia urbanística. Consiguientemente, no puede regularse por el planeamiento urbanístico municipal, ni el ordinario funcionamiento, ni la autorización administrativa de las viviendas de uso turístico, ni siquiera regular dicha actividad dentro de la tipología de usos establecidos por el Plan General Metropolitano y el planeamiento derivado de aplicación.

Una actuación administrativa situada extramuros de los precitados límites constituirá una vulneración de los derechos de los ciudadanos e infringirá patentemente la legalidad vigente. Y es que:

1. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, transponiendo la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, ha establecido:

  1. Que los prestadores de servicios podrán establecerse libremente en territorio español para ejercer una actividad de servicios, sin más limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley. (art. 4.1)

  1. Que la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización. (art. 5)

  1. Que la imposición de un régimen de autorización sólo podrá efectuarse excepcionalmente y siempre que concurran las siguientes condiciones:

    1. Que la imposición del régimen de autorización se efectúe mediante una norma con rango de Ley que establezca dicho régimen con la motivación suficientemente (art. 5).

    2. Que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni indirectamente (art. 5.a).

    3. Que el régimen de autorización esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado. (art. 5.b)

    4. Que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado (art. 5.c).

  1. Que sólo podrá limitarse el número de autorizaciones cuando ello esté justificado por la escasez de recursos naturales o inequívocos impedimentos técnicos.

  1. Que en ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.

2. En fecha 13 de agosto de 2015 entró en vigor la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los Gobiernos locales de Catalunya y de impulso de la actividad económica.

Que el precitado cuerpo legal ha establecido expresamente:

  1. Que la actividad de vivienda de uso turístico es una actividad inocua. (Anexo I en relación con el art 13.1.a. del precitado cuerpo legal).

El art. 12.2.a) define las actividades económicas inocuas como aquellas que, con carácter general, por sus características no producen molestias significativas ni ninguna afectación considerable al medio ambiente, la seguridad de las personas ni los bienes.

  1. Que las actividades económicas inocuas están sujetas a declaración responsable (art. 13.1.a) cuya presentación habilita de forma inmediata para el ejercicio de la actividad (13.3).

  1. Que se derogan todos los preceptos de disposiciones de igual o inferior rango que sean contrarios a la precitada ley. (apartado cuarto de la disposición derogatoria).

3. La Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas ha añadido un apartado, el 8 bis, al artículo 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo, estableciendo que:

  1. La vivienda de uso turístico es compatible con el uso de vivienda familiar legalmente implantado.

Como es perfectamente conocido por Vd., el Ayuntamiento de Barcelona carece de la potestad legislativa necesaria para modificar el régimen regulatorio y de intervención aplicable a la actividad de vivienda de uso turístico, de modo que cualquier intento de limitación o de obstaculización de la precitada actividad inocua por medio de instrumentos urbanísticos o cualquier otro medio que quiera apoyarse en la potestad reglamentaria municipal, resultará contrario al mecanismo normativo con el que resulta evidente que tampoco puede limitarse la actividad de vivienda de uso turístico.

Dicha actividad, al encontrarse determinada por una norma con rango de Ley como inocua, no puede ser objeto de imposiciones o condiciones previas y/o colaterales a su establecimiento urbanístico, puesto que no puede justificarse dicha intervención en el carácter excesivo o nocivo de algo inocuo, como sí puede justificarse en relación con otras actividades.

Ni qué decir que el Ayuntamiento de Barcelona se encuentra sujeto al principio de jerarquía normativa consagrado en el art. 9.3 de la Constitución y su potestad reglamentaria está supeditada a los límites y fines establecidos por la Ley, así como al control de que de ella y de la legalidad de la actuación administrativa hagan los Tribunales (art. 106.1 CE).

Para una actividad que sí tiene trascendencia urbanística, como lo es la actividad hotelera, las recentísimas Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2015 y 19 de enero de 2016, bajo el concepto de infracción “grave” del ordenamiento jurídico han confirmado las STSJ Catalunya de 2 de abril de 2014 y 16 de julio del mismo año que anularon algunos de los preceptos artificialmente limitativos de la implantación de nuevas actividades establecidos en el Plan especial de Ciutat Vella adoptado en su sesión de 23 de julio de 2.010 que y que obligaban a la previa renuncia por el mismo titular a una licencia previa y equivalente en número de plazas al nuevo uso o ampliación que se quisiera solicitar (artículos 14.7 y 8, 15 y 20). Dicha anulación se ha dictado con el siguiente fundamento jurídico:

La exigencia contenida en el plan especial referida a la previa renuncia a una o varias licencias de actividades anteriores ya existentes en la misma zona para poder solicitar una nueva, representa una ilícita intromisión tendente a la exigencia de extinción de derechos adquiridos regladamente con arreglo a la normativa anterior, derechos que han pasado a formar parte del patrimonio de los interesados, a quienes ahora se impone, sin habilitación alguna para ello ni desde el punto de vista de la normativa de planeamiento ni de la restante normativa de aplicación, la obligación de renunciar a licencias legalmente adquiridas para poder solicitar y obtener una nueva, cuando existen otros mecanismos urbanísticos para conseguir limitar o reducir el exceso de establecimientos de que se trata en el distrito de Ciutat Vella. No menos grave es la situación en que se deja a quienes no sean titulares de una anterior licencia en la zona quienes, mediante el establecimiento de tal condicionado de renuncia para la obtención de una nueva licencia, se ven simplemente excluidos de su reglado derecho de solicitarla y obtenerla, salvo acudiendo a un mercado de venta o renuncia a su favor por parte de otras personas que sean efectivamente titulares de licencias en la zona. Por lo que tales condiciones deberán ser anuladas, estimándose así en parte el recurso interpuesto”

En concreto, la STSJ de Catalunya confirmada por el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 5-11-2014, nº 620/2014, rec. 442/2010) señala que:

Mejor suerte debe correr la queja derivada de la exigencia contenida en los artículos 7.1.c), 14.7 y 8, 20.b.2 y 5, antes transcritos, exigencia consistente en la previa renuncia a otra u otras licencias existentes cuando la actividad complementaria se sitúe en recintos hoteleros (epígrafes H y P); para la admisión de nuevos establecimientos; para la admisión de su remodelación con ampliación del uso hotelero; para la nueva instalación de establecimientos con supresión de actividades preexistentes y para la nueva instalación de establecimientos con supresión de actividades preexistentes.

Tal condicionante supone en todos los casos una prohibición de facto de nuevas implantaciones o para la remodelación de las existentes, cerrando el mercado de permutas para nuevos prestadores de servicios hoteleros, que no podrían renunciar a ninguna licencia previamente obtenida a menos que la adquiriesen de un tercero, cuando es sabido que, a salvo los supuestos de licencias provisionales o a precario, la obligatoriedad de los planes implica que el uso de los predios no podrá apartarse del destino previsto en ellos, debiendo por tanto otorgarse o denegarse las licencias con carácter general de forma reglada, según que la actuación que se pretenda llevar a cabo resulte adaptada o no a la ordenación urbanística, como previene el artículo 180.1 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio. Carácter reglado que constituye un importante límite incluso para la característica discrecionalidad administrativa de planeamiento, impidiendo que el ordenamiento contenga preceptos tan vagos o vaporosos que subrepticiamente introduzcan elementos discrecionales en la decisión de que se trata, sin perjuicio de la licitud de la utilización en algún caso de los llamados conceptos jurídicos indeterminados, en cuanto estos, a diferencia de aquélla, sólo admiten una única solución justa.

Con reiteración que excusa de toda cita viene declarando en tal sentido el Tribunal Supremo que la licencia urbanística es un acto administrativo de autorización reglada por cuya virtud se lleva a cabo un control previo de la actuación proyectada por el administrado, verificando si se ajusta o no a las exigencias del interés público, tal como han quedado plasmadas en la ordenación vigente, pues, si es ésta la que determina el contenido del derecho de propiedad, es claro que este derecho ha de ejercitarse dentro de los límites y con cumplimiento de los deberes establecidos por el ordenamiento urbanístico, siendo la licencia de que se trata de naturaleza rigurosamente reglada, constituyendo un acto debido, en cuanto necesariamente debe otorgarse o denegarse según que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación aplicable.

Ni qué decir que Los planes especiales urbanísticos deben ser siempre compatibles con el planeamiento urbanístico general (art. 67.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio). Asimismo, restricciones de uso para ordenar la incidencia y los efectos urbanísticos ambientales y sobre el tejido urbano que las actividades producen sobre el territorio no puede alterar los usos principales establecidos por el planeamiento general, establecen”

En definitiva, el Ayuntamiento de Barcelona, dentro de sus competencias urbanísticas puede determinar la calificación del suelo dentro del numerus clausus de categorías preestablecidas, y así, determinar los espacios en los que se establece el uso residencial, pero una vez determinado este particular, el ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico en una vivienda legalmente establecida con cédula de habitabilidad, no puede ser objeto de anteriores, simultaneas o ulteriores restricciones, puesto que la actividad en sí ya está acotada mediante el número máximo de personas que pueden ocupar la vivienda, número igual al de las que pueden destinarla a residencia habitual y que se encuentra determinado por la mencionada cédula de habitabilidad preexistente.

Por último, no podemos dejar de señalar que la adopción de resoluciones o acuerdos en los términos que parece que se están apuntado por los máximos responsables políticos del Ayuntamiento, así como su informe favorable, podría generar cuantiosos perjuicios económicos, además de constituir una desviación de poder manifiesta, motivo por el que esta parte hace expresa reserva de todas las acciones que puedan corresponderle, incluidas las penales, para el caso en que, con apariencia de legalidad o sin ella, se proceda a vulnerar la Ley y los derechos de los ciudadanos.

Sin otro particular, y recordándole el deber de sometimiento a la Ley y al Derecho como forma esencial de cumplimiento de los deberes inherentes a su condición, reciba un cordial saludo.

En Barcelona a 24 de febrero de 2015

Plataforma Pro Viviendas Turísticas