PPVT interpone Querrella Criminal contra la Arbitrariedad del Ayuntamiento de Barcelona

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La Plataforma Pro Viviendas Turísticas (Plataforma PVT) ha interpuesto una querella criminal contra Ada Colau, Gerardo Pisarello, Janet Sanz y Gala Pin por su ensañamiento en contra de las Viviendas de Uso Turístico por presuntos delitos de prevaricación. La querella la estudia actualmente la Audiencia Provincial de Barcelona.
De Administraciones anteriores figuran en la querella también Mercè Homs, Antoni Vives y Ramón García Bragado.

Asimismo, la Plataforma PVT también ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya solicitando la anulación del Pla Especial d’Habitatges d’Ús Turístic (PEHUT) la cual fue admitida a trámite el pasado día 2 de diciembre. Elizabeth Casañas, Presidenta de la Plataforma PVT, “las autoridades se han extralimitado y se han ensañado en contra de los apartamentos vacacionales sistemáticamente, durante años y de forma discriminatoria frente otras ofertas de alojamiento no colaborativo”.

Para Casañas, la Administración de Ada Colau no ha dado un giro positivo hacia un turismo sostenible (y de todos), sino que, al contrario, ha recrudecido el ensañamiento en contra del autoempleo, el emprendimiento y las miles de familias que están detrás del alquiler vacacional, “sus medidas están concentrando aún más el poder económico en manos de unos pocos y se está desplazando a los ciudadanos”.

Para Casañas, así lo demuestran gran número de acuerdos dictados por los querellados que son del todo injustificables conforme a derecho y que forman parte de una querella de más de 100 páginas.

Uno de los ejemplos de este ensañamiento lo representa la aprobación de planes urbanísticos prohibitivos de nuevos emplazamientos legales de HUTs como el actual PEHUT (Pla Especial d’Habitatges d’Ús Turístic) que también ha sido objeto de una demanda separada de la Plataforma ante la jurisdicción contencioso-administrativa pidiendo su anulación.

Para Marc Pertiñez, asesor legal de la Plataforma, “dicha aprobación es manifiestamente injusta e incluso lesiona Derechos fundamentales puesto que no sólo vulnera de plano la Directiva Europea de Servicios, sino que se ha sustituido la práctica totalidad del contenido del Plan aprobado inicialmente por por otro distinto, sin exponerlo previamente al público, como exigen categóricamente varias leyes”.

El letrado considera que esta actuación arbitraria tenía como única finalidad mantener en suspenso cualquier nuevo emplazamiento de viviendas de uso turístico, tal y como admitieron varios grupos municipales en el Pleno de aprobación del Plan, ya que la prórroga de suspensión de licencias dictada por Xavier Trias en 2014 llegaba a su fin en el mes de mayo y la nueva administración Colau todavía no podía aprobar definitivamente su plan –el PEUAT- y quería evitar a toda costa que se pudieran solicitar nuevas licencias con el levantamiento de la suspensión de licencias.

Esta conducta resulta especialmente grave cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en dos recientes sentencias, ya había indicado al Ayuntamiento de Barcelona que no podía impedir el derecho de los ciudadanos a iniciar nuevas actividades. Dichas sentencias han sido ratificadas este año por el Tribunal Supremo.

La Plataforma PVT considera que esta actuación municipal, junto a otras, no solo es nula de pleno de derecho sino que se estaría adentrando en el tipo penal de la prevaricación administrativa, dado que existe un perfecto conocimiento de la injusticia de la medida y no existe justificación legal alguna para sostenerla.

Lo mismo sucede, por ejemplo, con la campaña de supresión de licencias legalmente obtenidas por sus titulares, que se funda en pequeñas discordancias en los nombres de los propietarios y prescinde total y absolutamente del procedimiento administrativo de enmienda previsto en la Ley de Simplificación Administrativa 16/2015.

Algo similar ocurre con las inspecciones y el régimen sancionador que está siendo aplicado por el Gobierno Municipal. Para la Plataforma resulta intolerable que se esté utilizando la presunción de legalidad de la Administración para perseguir a los ciudadanos con multas de hasta 600.000
euros. Y es que se están imputando sistemáticamente infracciones muy graves a personas del todo inocentes que nada tienen que ver con la realidad, además de aplicar unas normas que solamente permiten castigar a empresas turísticas, y no a particulares, como ya han dicho Sentencias de los Juzgados Contencioso Administrativo.

El cambio de procedimiento operado por el Consistorio de Ada Colau al subir el
importe de las multas para que los propietarios que tengan un expediente sancionador se vean más predispuestos a entregar sus viviendas al Ayuntamiento es otro de los ejemplos citados en la querella. Como dijo la Regidora de Ciutat Vella, Gala Pin se han incrementado las multas para que “pueda ser más factible que los propietarios sancionados se interesen en acogerse a este tipo de propuesta [ceder durante tres años la vivienda al Ayuntamiento]. “A la gente no le sale a cuenta acogerse a una sanción tan
baja” [15.000 Euros]. (Eldiario.es. 18 de agosto de 2016)

La Plataforma PVT espera que los tribunales corrijan y castiguen todo este ensañamiento. “Abrigamos esperanzas porque sabemos que se están produciendo injusticias atroces y que estamos del lado correcto, pues el tiempo y sentencias recientes nos van dando poco a poco la razón”, afirma Casañas.

La respuesta de la Audiencia debería ocurrir en las próximas semanas, mientras que la demanda contra el PEHUT ya ha sido admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

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La Plataforma PVT también está ayudando a personas desamparadas que nada tienen que ver con las Viviendas de Uso Turístico. Otro de los puntos clave de la querella está relacionada con personas totalmente ajenas a
este tipo de economía colaborativa que han acudido a la Plataforma en busca de ayuda después de recibir una multa del Ayuntamiento.

En este punto se denuncia la vulneración sistemática y programada de derechos fundamentales por parte del Ayuntamiento, como lo es el de la presunción de inocencia. Y es que el Ayuntamiento aplica una presunción de culpabilidad en su afán por sancionar a los HUTs, lo cual le está llevando a multar a personas del todo inocentes que se encuentran ahora en una situación de profundo desamparo, dado que las resoluciones del Ayuntamiento se presumen legales.

Estas personas que nunca han alquilado su vivienda de modo vacacional, o que simplemente han alquilado una habitación de su domicilio para poder sobrevivir (lo cual no es en ningún caso una actividad de HUT), bien por las denuncias de vecinos promovidas por Colau, bien por inspecciones realizadas con ¡Google Maps!, han recibo cartas indicando que se les imputa una infracción por ejercer una actividad de HUT sin licencia y que la sanción puede alcanzar 600.000 Euros, proponiéndoles seguidamente el Ayuntamiento un pronto pago de 210.000 euros para archivar el expediente sancionador.

Estas resoluciones y multas se están imponiendo de forma completamente errónea –ni qué decir desproporcionada- omitiendo que la Ley de Simplificación Administrativa de la Generalitat de 2015 determina que los HUT no son una actividad de bajo riesgo, sino una actividad inocua para la que no es necesaria siquiera licencia sino una mera declaración responsable.

La extensión de la presunción de culpabilidad con la que actúa el Ayuntamiento se extiende también a cientos de casos en los que el Ayuntamiento solamente ha constatado una conducta 100% legal. Y es que el Ayuntamiento también está multando a personas que únicamente han cedido su casa a otras personas una única vez al año, por ejemplo cuando se han ido de viaje, lo cual está permitido por la legislación catalana sin necesidad de obtener ninguna licencia ni título habilitante.